Hace unos meses terminó una etapa más de la accidentada “reorganización” de la normatividad federal respecto a la ciencia en México (campo identificado ahora como de “humanidades, ciencia, tecnología e innovación”). La larga gestación de la nueva ley será tema provechoso para la historia de la ciencia, pues estuvo atravesada, entre otros hechos, por una multiplicidad de convocatorias de “consulta” poco claras en cuanto a objetivos, organización y resultados, por la denuncia  —repetida pero sin consecuencias legales conocidas—  del otorgamiento indebido de suculentas partidas presupuestales a grandes empresas extranjeras, por la acusación penal —igualmente sin efectos judiciales— de algunos académicos y funcionarios por supuestas irregularidades financieras, por la extinción de fideicomisos operados por instituciones académicas, por la sucesión espasmódica de varias versiones del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, y no en último término, por una serie de renuncias y nombramientos embrollados de responsables de áreas administrativas y directivos de centros de investigación dependientes del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora Conahcyt: Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías).